El gobierno ha reaccionado a la guerra arancelaria declarada por Donald Trump el 2 de abril convocando a los partidos políticos para informarles sobre su plan de emergencia. La primera reunión fue dedicada al Partido Popular, a quien transmitió las medidas que pretende adoptar “para proteger” a las empresas españolas. Pedro Sánchez, abriendo el paraguas ante el chubasco, se adelantó a las reuniones para anunciar ayudas del orden de los 14.200 millones de euros. El ministro de Economía Carlos Cuerpo fue el encargado de trasladar el proyecto al conjunto de los partidos menos Vox. El paquete de medidas se aprobó en el consejo de ministros del martes 8 de abril. Sánchez ha maniobrado con su anuncio aspirando a pactar el apoyo del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, quien ha aprovechado la coyuntura para tomar distancia de Vox que pretende una negociación amistosa con la administración Trump.
Los retos de Sánchez y sus aliados
Las intenciones del gobierno se mueven en dos frentes, de un lado la protección de los sectores económicos más castigados por los aranceles de Trump, entre los que se encuentra la producción agropecuaria y la industria del automóvil y sus industrias auxiliares, y del otro el incremento en el gasto en defensa. Sánchez que ha hecho trampas con los números contabilizando dentro del gasto en defensa todo tipo de expensas en las que incurren las fuerzas armadas no puede seguir con el cuento. Sánchez y su gobierno han apoyado sin fisuras el aumento del gasto en defensa de la Unión Europea. El 27 de marzo Mark Rutte, el actual secretario general de la OTAN, afirmó que España se había comprometido a alcanzar el 2% del PIB en el gasto en defensa este año. El gobierno “matizó” esas declaraciones para afirmar que ese incremento se alcanzará en 2029. Ya veremos…
Mientras tanto el presidente Sánchez utilizó la semana del 7 de abril para hacer un viaje al sudeste asiático y a China, con escala en Camboya y Viet Nam. La excursión tiene por detrás no sólo su pretensión de asegurar mercado para la producción española castigada por EEUU, sino además para medir la sensibilidad china ante una inminente negociación de la UE que busca acuerdos comerciales amplios con Pekín tras los ataques de Washington a las economías europeas. China es un mercado decisivo entre otras industrias para la del automóvil de Alemania. El viaje desató las críticas del PP a iniciativa del ex presidente José María Aznar, un lobista de los grandes capitales estadounidenses. La UE teme además un aluvión de importaciones de China para compensar la pérdida de ingresos en EEUU que Bruselas intentará parar.
Los planes de Sánchez chocan con la debilidad del Gobierno cuya estabilidad depende de que Sumar, un frente de partidos en retroceso por su sumisión al PSOE, les brinde un apoyo incondicional. Sumar se las apaña para criticar y denunciar de forma oportunista el aumento del gasto militar y los compromisos bélicos de pedro Sánchez, sin bloquear sin embargo las decisiones del Consejo de Ministros. Su permanente capitulación mal encubierta sigue socavando su votación en el electorado de izquierda. Sánchez busca una aproximación al PP sin abandonar su discurso de supuesta solidaridad social porque gobierna sin presupuestos y corre el riesgo de que entre las corrientes nacionalistas, el PP, Vox y Podemos no logre convalidar decretos que es su única forma de gobernar por su precariedad política.
Lo que ha allanado la posibilidad de un contacto más estable con el PP han sido precisamente los aranceles de Trump que han permitido que la aproximación de ambos partidos se haga bajo el barniz de una cuestión de estado. El PSOE pretende mediante su aproximación al PP que este rompa sus acuerdos con Vox y respalde las medidas de su gobierno. Alberto Núñez Feijoo por su parte ha aprovechado la proximidad de Vox al Gobierno de Donald Trump, y a este mismo, para acusar a la formación de extrema derecha de anti patriota y falso nacionalismo. Mientras tanto se siguen apoyando en Vox para sostener sus gobiernos autonómicos, como en el caso de Valencia donde el cadáver político del presidente Carlos Mazón se mantiene en términos parlamentarios gracias al voto de Vox y a la pasividad del Gobierno. En Alemania la crisis internacional desatada por el anuncio de los nuevos aranceles estadounidenses ha acelerado un acuerdo de gobierno entre los conservadores de la CDU de Merz y los socialistas del SPD. Habrá que ver que pasa en España.
Debilidad y represión
Valencia sin embargo es la piedra de toque de la política española porque desnuda la charlatanería del Gobierno de un lado y del PP del otro. Al margen de posibles combinaciones parlamentarias, los partidos de oposición se niegan a impulsar movilizaciones masivas y una huelga general para derribar al gobierno. Ni que hablar de las organizaciones sindicales, incluso las autodenominadas combativas, que han renunciado a esa convocatoria y a la lucha en las calles contra el gobierno de Mazón. Es la propia población trabajadora de Valencia la que pide la destitución del gobierno y la convocatoria a elecciones mientras se moviliza. Gobierno y oposición ocultan su complicidad ante la dana del año pasado. El gobierno de Sánchez se lavó las manos durante el episodio porque las competencias estaban en manos de la Comunitat Valenciana, aun sabiendo que el gobierno de la Generalitat estaba paralizado.
No es casual que ninguno de los gobiernos de Sánchez y sus aliados haya derogado la Ley Mordaza. Los procesados por este instrumento represivo van en aumento. La represión policial contra las movilizaciones de pensionistas, la condena a 4,5 años de cárcel a los seis jóvenes de Zaragoza por protestar contra una reunión de Vox en Zaragoza, la persecución contra el comité de empresa de Acerinox por la dirección de una huelga por la que les piden una indemnización de 28 millones de euros, son algunos de los ejemplos. Con motivo de la huelga del metal en Cádiz procesaron a una vecina del barrio obrero de la ciudad por enfrentarse a la policía. Nada de esto es banal. El Gobierno y la oposición saben que la política de ajustes que se avecina va a provocar reacción social y quieren tener a mano una legislación apropiada para atacar a los trabajadores y maniatarlos.
De dónde saldrá el dinero
La autonomía del Gobierno PSOE-Sumar para hacer frente al tarifazo de Estados Unidos y al mismo tiempo incrementar el gasto militar es desde el punto de vista político próxima a cero. Sánchez cuenta para sus objetivos con la decisión de la UE de no tomar en cuenta el gasto militar como parte del gasto computable en el procedimiento de déficit excesivo.(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/statement_25_673) Sin embargo esto no será suficiente mientras no tenga un pacto estable para convalidar los decretos que necesita. Detrás de ellos deberá apelar a los recortes sociales para hacer caja.
La deuda pública de España que alcanzó en diciembre de 2024 los 1,6 billones de euros o el 101,8% del producto interior bruto, una leve caída respecto del año anterior (107,7% del PIB) debido al aumento del PIB el año pasado, supone un límite a la emisión de deuda pública. Sin una ley de presupuestos y con las perspectivas de una recesión internacional con la previsible caída de los ingresos fiscales por el impuesto de sociedades, al Gobierno le queda la herramienta del aumento de la presión fiscal sobre las familias y los trabajadores y el recorte del gasto social.
El Fondo Monetario Internacional hizo irrupción el 10 de abril en el escenario político con su informe sobre la Misión a España de 2025. En este señala que el Gobierno debe avanzar en su plan de consolidación fiscal -reducción del gasto público- reforzando la incorporación de las regiones al freno del gasto para que colaboren en el proceso para reducir la alta deuda. Esto supone restringir además la financiación autonómica. También apunta a la instrumentación de políticas de empleo que contribuyan a cerrar la brecha entre los “gastos en pensiones y los ingresos de la seguridad social”. Es decir aumentar el retraso de la edad de jubilación en la línea de lo que “el gobierno más progresista de la historia de España” ya ha hecho.
A los capitalistas lo que necesiten, a los trabajadores la austeridad
El gobierno ha vuelto a poner en escena su concepto del ”escudo social”, que consiste en la protección de las empresas amenazadas por el escenario económico internacional con el pretexto de mantener el empleo a sabiendas de que serán los trabajadores por la vía fiscal y el estado los que pagarán las consecuencias de esa “protección”, como ocurrió durante la pandemia. Al final del recorrido tampoco ha ofrecido mucho. Una línea de avales por 6.000 millones de euros y otra de liquidez de 8.000 millones de los cuales una parte significativa será el pago de los salarios de los trabajadores que vayan al paro por los expedientes de regulación temporal (ERTE).
Mientras tanto, la movilización de la juventud y los trabajadores ha comenzado a reactivarse. El problema de la vivienda se ha convertido en un motor de la protesta social ante la imposibilidad de conseguir alquileres a precios asequibles mientras el parque de vivienda disponible en las grandes ciudades se orienta al alquiler turístico. Ni que hablar de la posibilidad de adquirir viviendas. La aceleración de la venta de propiedades y el aumento del crédito hipotecario en España en los últimos 12 meses que ha marcado máximos similares a los de la burbuja inmobiliaria en 2010 se ha debido a la inversión en vivienda para alquiler por parte de inversores que amortizan la carga hipotecaria con las rentas que obtienen de los alquileres. Tanto el Gobierno central como los gobiernos autonómicos hablan de la construcción de vivienda de protección oficial pero no la acometen, y aunque lo hicieran es una solución para un futuro lejano… hay que construirlas.
El deterioro de la sanidad pública es otro frente de combate, estrechamente vinculado a la privatización creciente en favor del modelo público-privado de atención sanitaria adoptado por muchas autonomías, como es el caso flagrante de Madrid y Barcelona. El Gobierno que critica por este deterioro a los gobiernos regionales del PP oculta que el problema se gestó bajo sus propias administraciones autonómicas como el caso de Andalucía. Mientras tanto se niega a derogar la Ley 15/1997 que es precisamente la que permite el desarrollo de este modelo sanitario privatizador. Se trata de la cesión de la atención sanitaria mediante contratos a los pulpos sanitarios privados, como la alemana Fresenius, propietaria en España de Quirón Salud que tiene suculentos contratos con la Comunidad de Madrid por la subcontratación de servicios sanitarios públicos.
La movilización de los estudiantes y del profesorado en defensa de la educación pública también se ha incrementado con conflictos generalizados. El profesorado de la universidad en Madrid ha llamado a la movilización a los estudiantes ante lo que considera una política de asfixia del sistema público de enseñanza universitaria en favor de la universidad privada controlada por fondos de inversión. En este contexto de conflictividad creciente una serie de luchas obreras, como el caso de Acerinox en Andalucía, han sobrevivido en el más absoluto aislamiento mientras los sindicatos negocian con las patronales los planes de privados de pensiones de empresa.
Mientras las bolsas caen de forma estrepitosa a escala mundial, liquidando una parte de los excedentes de dinero volcados a la especulación financiera, en un proceso detonado por las decisiones estadounidenses, el Gobierno de España se apresta a un nuevo plan de salvamento de las empresas y de ataque a los intereses de los trabajadores. Las grandes organizaciones sindicales se han enfeudado una vez más en un acuerdo amplio entre gobierno y patronal para impulsar ese plan.
España se encuentra en el ojo del huracán como el resto de la UE, incapaz de hacer frente a las decisiones del imperialismo estadounidense y maniobrando para descargar esta nueva crisis sobre los trabajadores. Washington pretende una restructuración de las relaciones capitalistas globales mediante la guerra para superar la incapacidad de sostener la rentabilización productiva del capital. Estamos a las puertas de un gran acuerdo nacional contra los trabajadores.
Los trabajadores españoles deben organizarse para luchar contra la guerra, por el salario, en defensa de sus conquistas sociales como la sanidad, la educación y las pensiones públicas, por el acceso a la vivienda, contra la legislación represiva. Para combatir la dispersión y atomización de los movimientos que las diversas plataformas sociales impulsan en defensa de las conquistas sociales y salariales deben apelar a las asambleas en los centros de trabajo y de estudio para debatir la organización de una huelga general. Es necesario superar la fragmentación y parálisis impuestas por las burocracias sindicales y construir una nueva dirección en el seno del movimiento obrero.
Ante los acontecimientos que se avecinan en España y a escala internacional es necesario agruparse en una organización política de los trabajadores, independiente de la burguesía, contra el capitalismo y por el gobierno obrero. Un partido independiente de los trabajadores por el socialismo y el gobierno obrero.
